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LUN, 19 OCT 2026
Economía

Cosecha y planes: 50.000 familias rurales podrán cobrar sueldo y AUH hasta 2027

Un decreto del Ejecutivo extiende por doce meses el régimen que permite a los trabajadores temporarios del agro conservar asignaciones familiares y otros beneficios cuando entran a una campaña formal. La norma fija un piso equivalente a la Asignación Universal por Hijo y contempla una quita de aportes patronales para los empleadores.

DG
Diego GallardoCarbón y energía · · lectura 3 min
Cosecha y planes: 50.000 familias rurales podrán cobrar sueldo y AUH hasta 2027

Cincuenta mil. Esa es, según la estimación oficial, la cantidad de trabajadores rurales temporarios que durante el próximo año podrán volver a pisar una cosecha registrada sin que se les caiga el plan social que sostiene la casa durante los meses en que no hay trabajo. El Decreto 1204/2026, publicado esta semana en el Boletín Oficial, prorroga por doce meses el régimen que desde 2021 permite que ambas cosas convivan: el empleo formal en el campo y las asignaciones familiares, la Tarjeta Alimentar y el programa Volver al Trabajo. El vencimiento anterior operaba el 1 de septiembre de 2026; ahora se corrió hasta el 1 de septiembre de 2027.

La medida no es nueva ni cosmética. Es la respuesta a un problema que cualquier peón rural conoce de memoria: durante la cosecha gruesa, en el verano, el surco paga; el resto del año, el ingreso no existe. Cuando aparecía la posibilidad de un contrato temporario, la calculadora era cruel. Sumar un sueldo registrado implicaba resignar la Asignación Universal por Hijo y, con ella, la comida asegurada para los chicos durante los meses sin zafra. El régimen vigente desde hace cinco años vino a cortar ese nudo.

Qué cambia con el decreto

  • Aplica a trabajadores bajo las modalidades de empleo temporario o permanente discontinuo previstas en la Ley de Trabajo Agrario, a tareas agropecuarias por contratos eventuales y a los Convenios de Corresponabilidad Gremial.
  • Permite conservar, según el caso, asignaciones familiares, Tarjeta Alimentar y el programa Volver al Trabajo durante la vigencia del contrato.
  • Establece que las asignaciones familiares de estos contratos no pueden ser inferiores al ciento por ciento del valor de la Asignación Universal por Hijo, lo que fija un piso de ingreso para los hogares con hijos.
  • Si el vínculo laboral se extiende de manera continua por más de seis meses, ciertos beneficios monetarios –con excepción de la Tarjeta Alimentar– pasan a computarse como parte del salario.
  • Contempla una reducción de contribuciones patronales para los empleadores que contraten bajo estas modalidades, como incentivo a la registración.

El alcance efectivo de la prórroga se mide en números concretos: además del medio millar de trabajadores directos, hay unos 83.000 hijos de aportantes que quedan cubiertos por la extensión. Es decir, detrás de cada cosechero o cosechera que firma un contrato temporario camina una familia completa que conserva su red de contención mientras dura la campaña. El cálculo oficial, sin embargo, se queda corto frente a la advertencia gremial: la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) había alertado, antes de la renovación, que unos 120.000 puestos de trabajo rural estaban en riesgo en todo el país por la incertidumbre sobre la continuidad del régimen. La organización había reclamado la prórroga como condición para que los empleadores no dejaran de registrar personal.

“La experiencia de los últimos años demostró que este mecanismo es fundam”UATRE

La frase quedó trunca en el texto al que se tuvo acceso, pero su contenido es claro para cualquiera que haya caminado por un yerbal misionero, un viñedo cuyano o un campo maicero pampeano: sin este paraguas normativo, la temporada vuelve a convertirse en una trampa. El régimen enhebra tres cuestiones que suelen andar a los tropezones en la Argentina: la registración laboral en el agro, el sostenimiento de ingresos de los hogares más vulnerables y el estímulo a los empleadores para blanquear vínculos precarios. Extenderlo por un año más es, en los papeles, admitir que el problema sigue ahí y que el Estado no tiene con qué reemplazarlo.

El Gobierno de Alberto Fernández había prometido lo propio cuando lanzó el esquema original en 2021; luego lo prorrogó y lo reglamentó con sucesivas decisiones administrativas. El actual Ejecutivo lo hereda y lo estira, sin innovar en el fondo. La pregunta que queda flotando, mientras tanto, es la misma de cada zafra: ¿está Buenos Aires dispuesto a discutir de una vez la precariedad estructural del trabajo rural, o va a conformarse con parchearla temporada por temporada, decreto por decreto?

DG
Diego GallardoCarbón y energía

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