El papelón de la discapacidad en Córdoba: meses de espera, gastos de bolsillo y un sistema que se cae a pedazos

Son las nueve de la mañana y María está sentada en el patio de su casa, en un barrio de la zona sur de la ciudad, con la planilla del turno en la mano. Saca cuentas, como hace cada semana, y vuelve a hacer la suma que ya se sabe de memoria: trescientos mil pesos entre sesiones de kinesiología, fonoaudiología y el boleto para cruzar hasta el centro. Acá en la isla, dice, esperar es parte de la vida, pero lo que cuenta el último informe de la Defensoría del Pueblo de Córdoba es otra cosa: no es paciencia, es un sistema que no responde.

El trabajo, presentado el 5 de octubre de 2026, releva lo que miles de familias atraviesan cuando necesitan el Certificado Único de Discapacidad (CUD), una rehabilitación, una prótesis o un medicamento. No son mediciones estadísticas cerradas, sino relatos recogidos en entrevistas y grupos focales que dibujan un mapa de obstáculos que se repiten de punta a punta.

Turnos que tardan una eternidad

Para empezar, hay que conseguir el certificado. La Defensoría recuerda que en la Ciudad de Córdoba hay juntas evaluadoras en siete hospitales, dos de ellos pediátricos, y que los turnos se otorgan con esperas de dos a tres meses. A eso se suman las demoras para ver a cada especialista que interviene en la evaluación, lo que puede estirar el trámite mucho más allá de lo razonable.

Pero lo más grave, según contó Carlos Galoppo, defensor del Pueblo adjunto a cargo del relevamiento, son los tiempos que vienen después. El funcionario describió esperas de entre cuatro y nueve meses para acceder a prótesis y medicamentos, y de nueve a catorce meses para entrar a un centro de rehabilitación. Son plazos que figuran en el documento y que sirven para dimensionar la demora, aunque cada caso individual puede ser distinto.

El peso del bolsillo y la sobrecarga de las mujeres

Mientras tanto, la vida sigue y las terapias no pueden esperar. Por eso, una madre entrevistada por la Defensoría contó que viene sosteniendo la atención por su cuenta desde hace casi dos años y que gasta entre 150 mil y 180 mil pesos solo en sesiones, sin contar el transporte ni los apoyos escolares. El informe también advierte que son las mujeres, en general las madres, quienes más sacrifican su jornada laboral y sus ingresos para cubrir lo que el Estado y las obras sociales no resuelven a tiempo.

Y del otro lado de la mesa, los prestadores también la pasan mal. El relevamiento describe atrasos de varios meses y hasta de un año en los pagos de obras sociales y de programas provinciales y nacionales. Entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, los aranceles del nomenclador nacional subieron un 225% promedio, mientras la inflación acumulada fue del 336% en el mismo período, según los datos que cita el propio informe.

Los números que también cuentan

• Nafta súper: aumento del 559% entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, frente a un 231% de suba en el valor reconocido por kilómetro, lo que deja a las instituciones desfinanciadas para el transporte.
• Aranceles del nomenclador nacional: 225% de incremento en el mismo período, contra una inflación acumulada del 336%.
• Esperas relevadas: de dos a tres meses para el CUD, de cuatro a nueve meses para prótesis y medicamentos, y de nueve a catorce meses para centros de rehabilitación.
• Gastos de bolsillo: una familia testigo destina entre 150 mil y 180 mil pesos mensuales solo en sesiones, tras casi dos años de atención particular.

La Defensoría vincula esa combinación de atrasos y costos con el achique de los servicios: instituciones que recortan gastos, profesionales que dejan de viajar, familias que rezan para que el próximo turno llegue antes de que se corte la cadena de pagos. Nosotros, los que estamos del lado de adentro del padecimiento, lo vivimos como una carrera de obstáculos que no termina nunca, resume una de las voces recogidas en el trabajo.

Mientras el expediente avanza y las cifras se siguen actualizando, María vuelve a guardar la planilla, mira a su hijo y se pregunta, como tantas otras madres, cuánto falta para que el próximo turno llegue. La respuesta, por ahora, la tiene el calendario, no la política pública.