La Justicia procesó al exagente de la SIDE Raúl Martins y trabó un embargo por 300 millones de pesos

En el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, a cargo de la jueza María Servini, en la causa seguida por el delito de lavado de activos de origen en la explotación sexual, se resolvió el procesamiento con prisión preventiva de Raúl Martins, según consta en la resolución a la que tuvo acceso este portal. La magistrada dispuso además un embargo sobre sus bienes por 300 millones de pesos.

El hecho se produjo luego de un extenso trámite que incluyó el rechazo de la defensa al pedido de sobreseimiento y, de manera subsidiaria, al de falta de mérito. Martins se negó a responder preguntas durante la declaración indagatoria y, en su lugar, presentó un escrito en el que cuestionó los plazos y el alcance de la imputación.

El planteo de la defensa sobre las fechas

Según consta en la causa, el exagente de la SIDE sostuvo que las 26 operaciones que se le atribuyen —compras de inmuebles y administración de sociedades— correspondían a los años 2009, 2010, 2011 y 2012, todas anteriores al período que, a su entender, constituía el núcleo firme de la investigación, ubicado entre enero de 2013 y octubre de 2014. En esa línea, argumentó que las maniobras investigadas quedaron circunscriptas al local de avenida Juan B. Justo 5302, del barrio porteño de Villa General Mitre, y que las denuncias sobre otros nueve establecimientos habían sido archivadas por inexistencia del delito de trata de personas.

Los fundamentos del procesamiento

Servini rechazó esa interpretación y consideró que existían elementos suficientes para sostener la imputación. En su resolución explicó que una sociedad constituida con anterioridad al hecho investigado puede ser utilizada con posterioridad para administrar u ocultar bienes de origen ilícito, de modo que la fecha de creación de las firmas no resulta por sí sola un argumento válido para descartar las maniobras analizadas.

• La magistrada evaluó de manera conjunta la intervención de sociedades argentinas y extranjeras, los poderes de administración conferidos y la actuación de familiares directos.
• Concluyó que Martins habría conservado el control efectivo de la estructura societaria pese a no figurar formalmente como beneficiario final.
• El expediente se originó el 6 de marzo de 2013, a partir de una comunicación anónima recibida en el Ministerio de Seguridad que advertía sobre una posible explotación sexual de menores en el local de Villa General Mitre.

Martins, de 77 años e identificado como exintegrante de la Secretaría de Inteligencia del Estado, había sido detenido en México en 2019 y extraditado desde Cancún. Con el procesamiento firme y la prisión preventiva dictada, la siguiente instancia procesal es la elevación de la causa a juicio oral y público, salvo que la defensa articule apelaciones que modifiquen el rumbo de la resolución.