Pandanés, los 150 despidos por WhatsApp y la pregunta que la Ciudad de Buenos Aires todavía no contestó

Ciento cincuenta sueldos. Ciento cincuenta familias. Ciento cincuenta personas que un día trabajaban en una de las cadenas de panaderías más conocidas del área metropolitana de Buenos Aires y al siguiente recibieron un mensaje de WhatsApp en el que les avisaban que ya no tenían trabajo. Pandanés, la empresa que llegó a operar veinticinco sucursales y a mantener una planta industrial de 1.778 metros cuadrados pensada para alimentar cincuenta locales, cerró todas sus puertas en los últimos meses y dejó en la calle a toda su plantilla, sin telegramas de despido y sin posibilidad de retirar sus herramientas ni sus uniformes de los locales clausurados.

Una crisis que se veía venir y nadie frenó

La propia empresa reconoció, al presentar su pedido de quiebra ante el Juzgado Comercial Número 15, que arrastraba una cesación de pagos desde octubre de 2025 y que la caída del consumo había superado el 50% de su volumen histórico. A ese derrumbe en las ventas se sumó un alza constante de costos: harina encarecida por la suba internacional de los granos, servicios por las nubes y salarios actualizados por paritarias que la compañía no pudo absorber. En la presentación, la gerente Lise Lundme Funch sostuvo que todos esos factores provocaron un progresivo e irreversible deterioro de los márgenes y del flujo de fondos, y que los intentos de renegociar alquileres, cambiar proveedores y llegar a acuerdos con el fisco no alcanzaron para revertir la situación.

Este gobierno nacional, el anterior y el de turno prometieron cuidar a las pymes. Lo prometieron todos. Lo cierto es que Pandanés pasó de la expansión a la quiebra en menos de tres años, con una planta sobredimensionada y una estructura de costos fijos que se mantuvo intacta mientras las ventas se desplomaban. La lógica de abrir locales como si el mercado fuera a seguir creciendo para siempre terminó de cobrar su factura: alquileres, energía y personal quedaron funcionando a pérdida hasta que no quedó más remedio que cortar.

El tribunal abrió un salvataje que por ahora no tiene rescatistas

El juez Pablo Frick rechazó el pedido de quiebra y ordenó la apertura de un registro por cinco días para que acreedores, cooperativas o cualquier interesado pueda presentarse con una propuesta de acuerdo preventivo o con una oferta para adquirir las cuotas sociales. La decisión se apoyó en el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras, que obliga a agotar la instancia de salvataje antes de declarar la quiebra. El pasivo reconocido por la empresa rondaba los 1.200 millones de pesos al momento del concurso, una cifra que habla a las claras del tamaño del agujero que dejó este derrumbe.

Mientras tanto, la sindicatura detectó algo todavía más delicado: la empresa no habría acreditado el pago de aportes a la obra social, la ART y los aportes previsionales de los trabajadores durante los últimos meses, una irregularidad que agrava el panorama y que deja a los despedidos sin cobertura de salud en el peor momento.

“Los muchachos de la mañana, los que arrancaban a las cuatro para que la gente tuviera pan caliente, hoy no pueden ni entrar a buscar su delantal. A mí me avisaron por un audio y todavía estoy esperando el telegrama.”Ricardo, ex repartidor de Pandanés en zona norte

Lo que todavía nadie se animó a explicar

El derrotero de Pandanés no es un hecho aislado ni un accidente del mercado: es la radiografía exacta de lo que pasa cuando una pyme crece apalancada en la promesa de un consumo que finalmente no vuelve. Alguien, en algún despacho del gobierno porteño o del nacional, tendrá que explicar por qué no se activó ni un solo mecanismo de alerta cuando una empresa de 150 empleados empezó a dejar de pagar aportes y a cerrar locales uno tras otro. La pregunta es directa y no admite evasivas: hasta cuándo va a seguir mirando Buenos Aires cómo se funde el pan, los puestos de trabajo y la dignidad de la gente que madruga, sin mover un solo dedo?