La Justicia decretó la quiebra de Carsa, controlante de Musimundo, y se abre un nuevo proceso de verificación de créditos

Vamos a los números. El 2 de septiembre de 2026, el Juzgado Civil y Comercial N° 23 de la ciudad de Resistencia, en la provincia del Chaco, dejó sin efecto la apertura del concurso preventivo que había sido concedido a Carsa Sociedad Anónima en julio de ese mismo año y decretó, en consecuencia, la quiebra de la empresa que controla la cadena de electrodomésticos Musimundo, decisión que quedó plasmada con la recaratulación del expediente bajo la denominación “CARSA S.A. s/ Quiebra”, según consta en la documentación judicial a la que tuvo acceso este medio.

Los fundamentos del tribunal y el cuadro de situación

El magistrado interviniente fundó su resolución en la existencia de hechos reveladores del estado de cesación de pagos, en los términos previstos por el artículo 79, inciso 4°, de la Ley de Concursos y Quiebras, normativa que rige los procesos de reestructuración y falencia empresaria en la República Argentina, y consideró que la continuidad del procedimiento concursal —es decir, la instancia legal destinada a reorganizar deudas y acordar un plan de pagos con los acreedores— ya no resultaba viable para la compañía.

La situación financiera de la firma se había deteriorado de manera sostenida desde mucho antes de la presentación concursal. De acuerdo con el expediente y con fuentes allegadas a la sociedad, Musimundo había cerrado veinte sucursales en el nordeste argentino, repartidas entre las provincias de Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, locales que la propia empresa describió como puntos duplicados en plazas en las que la marca contaba con más de un establecimiento operativo, lo que dejó a más de cien trabajadores afectados por la pérdida de sus fuentes laborales, una magnitud que, comparada con los despidos registrados en el promedio nacional del sector comercio durante el mismo período, resulta sensiblemente elevada y refleja la gravedad de la crisis atravesada por la cadena.

La negociación frustrada con On City y el peso de la deuda

En las semanas previas a la apertura del concurso, la dirección de Carsa había mantenido conversaciones avanzadas con los propietarios de On City, cadena surgida del recambio de marca de la histórica Electrónica Megatone, para venderle un total de cuarenta y cinco sucursales con el objetivo de inyectar liquidez —es decir, dinero en efectivo disponible para hacer frente a los compromisos inmediatos— y reorganizar el resto del negocio, operación que finalmente no prosperó, lo que motivó que el directorio aprobara, el 26 de agosto pasado, un plan de reducción de estructura que la sindicatura —el organismo de control compuesto por un estudio contable que verifica los créditos y fiscaliza la administración del fallido— tomó en consideración antes de que el juez dictara la quiebra, según surge de los registros del expediente.

La deuda concursal declarada por la propia empresa ascendía a 63.500 millones de pesos, una cifra que duplicaba ampliamente los niveles de endeudamiento que registraba la firma un año atrás y que supera en términos reales el promedio nacional de pasivos para empresas del rubro electro en situación concursal, mientras que, a fines de mayo de 2026, los pasivos bancarios —es decir, las deudas con entidades financieras— sumaban alrededor de 3.060 millones de pesos, con el Banco de la Nación Argentina como principal acreedor, con cerca de 1.549 millones de pesos, es decir, algo más de la mitad del total de la deuda bancaria, lo que da cuenta del peso específico que tiene la banca oficial en el financiamiento de la compañía, en el marco de un proceso que no constituye la primera instancia de este tipo para la firma, dado que en 2018 ya había recurrido al concurso de acreedores con una deuda declarada de 900 millones de pesos, monto que, actualizado por inflación y comparado con la cifra actual, muestra un crecimiento exponencial del pasivo.

Los próximos pasos procesales

Con la quiebra ya decretada, la sindicatura a cargo del Estudio Contable Benítez continuará interviniendo en el expediente, y se abrió el plazo para que los acreedores —es decir, quienes detentan derechos de cobro contra la empresa— puedan presentar sus pedidos de verificación de créditos hasta el 6 de noviembre de 2026, en tanto que el informe individual, aquel que detalla y analiza cada crédito presentado por los acreedores, está previsto para el 30 de marzo de 2027 y el informe general, que sintetiza el estado de situación del pasivo y propone las categorías de acreedores, para el 25 de junio del mismo año.

Musimundo es una de las cadenas de electrodomésticos con mayor presencia histórica en el país, con una red de sucursales que abarca buena parte del territorio argentino, y la declaración de su quiebra abre un escenario de incertidumbre para cientos de trabajadores, proveedores y consumidores, ya que si la ley se modifica en el sentido de ampliar los plazos de verificación o de conceder beneficios especiales para empresas de gran trayectoria, el proceso podría reorganizarse; en caso contrario, la liquidación de activos el destino inexorable de una compañía que supo ser emblemática del comercio minorista de electrodoméstico, una posibilidad que, por el momento, no fue contemplada de manera oficial por la empresa ni por el tribunal interviniente.